La regulación de la dación en pago, que se solicitará al pleno, permitiría que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, quedando liquidada la totalidad de la deuda.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía lleva  al pleno una moción en la que reclama al Ejecutivo español la modificación de la Ley Hipotecaria para regular la dación en pago a los bancos y evitar los desahucios por motivos económicos, “una situación insostenible para miles de familias”.

La regulación de la dación en pago, que solicitará el pleno de Santa Lucía, permitiría que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada.

El documento que se lleva a pleno recoge que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Los sacrificios y medidas que día van dándose a conocer a través de los medios de comunicación, confirman el desmantelamiento de una parte significativa del Estado del Bienestar del que disfrutábamos hasta hace no mucho tiempo y del enorme esfuerzo que las familias deben hacer para subsistir”, y añade que “estas medidas, que abarcan todos los ámbitos de la vida ordinaria de las personas y las familias, llegan también al de la vivienda. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones para 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000”.

Los concejales de Nueva Canarias aseguran que consideran “inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales”.

Pérdida de la justicia social

En la moción se pone de manifiesto que “como consecuencia de todo lo anterior, en el ámbito más local y cercano al ciudadano, los desahucios conllevan altos niveles de inseguridad y la pérdida de la paz y justicia social”, y son los ayuntamientos, asegura la propuesta, “los que tenemos el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal que necesita cualquier pueblo para superar sus problemas y desarrollarse”.

La organización nacionalista insta al Gobierno “a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible”.

Por todo ello, solicita que se dé traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

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