Santa Lucía pide ocupar las viviendas vacías
La Corporación ha aprobado instar al Gobierno y bancos, que pongan a disposición de familias necesitadas, las viviendas de titularidad pública o de entidades financieras que están desocupadas permanentemente.
La Corporación de Santa Lucía ha aprobado en el pleno ordinario, una moción, que ha convertido en Declaración Institucional por el apoyo de todos los grupos políticos, en la que insta al Gobierno canario y a los bancos a poner a disposición de las familias necesitadas, de manera urgente, las viviendas de titularidad pública o de entidades financieras que están desocupadas permanentemente.
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, señala la propuesta del grupo de Gobierno de Santa Lucía, “centenares de miles de familias han llegado a una situación límite al perder sus viviendas”, y las administraciones locales, “infradotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto de esta situación, al ser la institución más cercana a la ciudadanía. Esta falta de recursos locales contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, responsables de la burbuja inmobiliaria y de la actual crisis”.
El documento demanda al Parlamento y al Gobierno de Canarias a que incluya en la nueva Ley de Vivienda “otorgar competencias a los ayuntamientos para aprobar programas destinados al fomento de la vivienda, donde se contemplen medidas para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas, que se defina la desocupación de viviendas de titularidad de entidades financieras y sus inmobiliarias como situación anómala, se tipifique como infracción administrativa y se cuantifique la sanción que corresponda, dando a los ayuntamientos las competencias oportunas en inspección”.
El pleno ordinario pone de manifiesto “el compromiso municipal de estudiar y velar por el acceso a las viviendas de protección oficial del Gobierno de Canarias en el término municipal de Santa Lucía, como se ha venido haciendo hasta ahora, y elaborar y aprobar programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentren en situación de permanente desocupación, de las entidades financieras y sus inmobiliarias”.
La Declaración Institucional también insta al Gobierno de Canarias “a que paralice los desahucios que está llevando a cabo la empresa pública VISOCAN, hasta que se apruebe la Ley, así como revisar los requisitos para proceder a estos desahucios, adaptándolos a los nuevos tiempos y la situación actual, y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, al Parlamento autonómico, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio”.
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