El sector alojativo demanda de las Administraciones Públicas y fuerzas políticas, mayor implicación para dar solución definitiva a los dos principales problemas.

El sector de Apartamentos Turísticos demanda de las Administraciones Públicas con competencia en el sector y de las distintas fuerzas políticas, la mayor de las implicaciones para dar una solución definitiva a los principales problemas que tiene plateados el sector en estos momentos: la residencialización y el intrusismo.

Además, se reclama, en lo que  a la rehabilitación se refiere, una mayor adecuación del sistema de incentivos a las necesidades y expectativas reales del sector, con la finalidad de que el objetivo a que van dirigidos se pueda llevar a término. En estos momentos, la falta de financiación y las dificultades administrativas que entraña plantear un incremento de categoría de un establecimiento de una y dos llaves, los está haciendo inviables, sin entrar en otras consideraciones, como el hecho de que el sistema de incentivos, basados en el incremento de la capacidad alojativa y la expectativa de venta de los derechos de ocupación no materializados, resultan en mayor medida ajenos a los intereses de la propiedad de los establecimientos.

La residencialización creciente  de la zona turística sigue sin un atisbo de solución, pese a la multiplicidad de normas que tratan de resolver el problema. Las soluciones que a nivel del Planeamiento  Territorial se ofrecen, resultan insuficientes, al igual que las planteadas por los recientes Proyectos de Ley (en concreto el relativo a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias). Es por ello por lo que la solución quizá debería venir dada desde otras Instancias Competenciales, como sería el caso de una Ley Estatal que contemplara un régimen especial de propiedad para los complejos turísticos.

El fraude de Ley sigue imperando en el sector, pese a los esfuerzos de los Servicios de Inspección de la Consejería de Turismo, por tratar de atajar el ejercicio de la actividad ilícita. La Ley de Arrendamientos Urbanos se está convirtiendo en herramienta fácil para burlar la normativa sectorial, sin que las expectativas inicialmente depositadas en el proceso de modificación iniciado sobre aquélla, se vayan a ver materializadas.

A estas alturas, no se puede entender que mientras el Planeamiento Territorial no solo declara la incompatibilidad absoluta entre el uso turístico y el residencial, sino que trata de revertir en turístico  el uso residencial en complejos,  La Ley de Turismo mantenga en vigor una reseña sobre la posibilidad de alquilar con base a la Ley de Arrendamientos Urbanos los establecimientos turísticos, cuando no sigan el Principio Unidad de Explotación.

A modo de conclusión, el sector demanda un marco normativo adecuado y eficaz, que permita afrontar con garantías el problema de la residencialización en la zona turística, alejado de regímenes transitorios que solo contribuye a engrosarlo, aun más si cabe.

El intrusismo, por su parte, debe afrontarse desde la convicción de que los servicios de Inspección disponen de los medios adecuados para ejercer de forma eficiente su labor, y en su caso, dotándoles de los que precisaren, propiciando el legislador autonómico y Estatal, en su caso, igualmente, los cambios normativos necesarios, que impidan que el fraude de ley se convierta en el instrumento más idóneo para impedir las punición de este tipo de conductas.

Las administraciones, deben procurar que en lo que concierne a la rehabilitación, que los establecimientos puedan acceder sin trabas administrativas, a los incentivos previstos legalmente, lo que no acontece en estos momentos, y dotar de contenido los incentivos económicos, fiscales y laborales, previstos en la actual normativa.
Es la única forma que el sector turístico en Gran Canaria opere como una auténtica industria turística.

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