Según NC, la alcaldesa de Mogán, avocó las copentencias del concejal de recursos humanos, en contra de lo que establecía el decreto que ella misma firmó en octubre de 2015.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, tras la incorporación al gobierno de los dos ediles del PSOE, dictó una resolución, concretamente el decreto número 3.201/2015 a medio del cual establecía qué concejales serán los responsables de sustituir a aquellos que se encuentren de vacaciones, o estén de baja por enfermendad, o se encuentren incurso en causa de abstención.

Dicho decreto fija como sustitutos del concejal de recursos humanos, en primer lugar al concejal socialista Julian Artemi Artiles Moraleda, y en segundo lugar a la concejala de Ciuca, Alba Medina, lo que supone, según establece dicho decreto, que eran estos concejales, y no otros, los que debían atender todos los asuntos compenteciales del concejal de recursos humanos, D. Domingo Rodriguez, en casos de ausencia. Sin embargo, por parte de la alcaldesa de Mogán se ha optado, por incumplir con aquello que ella misma ordenó en octubre de 2015.

Este incumplimiento viene acreditado por el decreto nº 274/2016, firmado por la misma Onalia Bueno el pasado 5 de febrero de 2016, en el que decide avocar para si, las competencias delegadas en el concejal de recursos humanos, y ser ella misma la que rubrique el decreto de traslado de cinco trabajadores municipales, cuando el competente para hacerlo era o el conceal del Psoe, o la concejala de Ciuca, Julian Artemi Artiles, o Alba Medina, respectivamente.

Para Nueva Canarias, esta situación evidencia el modo en el que actúa la alcaldesa, y el gusto que le está cogiendo a desautorizar y a saltarse a sus propios concejales, y las resoluciones que ella misma firma.

Este absurdo administrativo, en el que la misma persona que da una orden es la misma que la incumple, pone de manifiesto la inseguridad jurídica con la que se actúa en el Ayuntamiento de Mogán. Es más, afirma Nueva Canarias, desde un punto de vista jurídico, y en aplicación del art. 14 de la ley de procedimiento administrativo, la avocación está mal ejecutada, pues cuando se usa esta figura jurídica, debe indicarse de forma expresa la causa que la justifica. En este caso no sólo no se justifica, sino que podía haber sido ejercida por los concejales sustitutos.

Esta actuación, podría suponer que la avocación, debería venir acompañada de un nuevo decreto de delegación de competencia en el concejal Domingo Rodríguez, a los efectos de garantizar la seguidad jurídica de todas las deciones que se adoptan.

La edil nacionalista, Isabel Santiago, expresó que este modo de proceder de la alcaldesa, supone una continua falta de respeto hacia los concejales del mismo grupo de gobierno, pues no sólo adopta decisiones sin que estos lo sepan, sino que además genera una gran inseguridad entre el personal del Ayuntamiento.

Tags

• Gran Canaria
• General