El Servicio Canario de Salud, suspende la actividad de tarde en los hospitales de Canarias.

A pesar de que Paulino Rivero afirmaba, en el Parlamento Canario, que los “próximos recortes se harán salvaguardando las prestaciones sanitarias por encima de cualquier otra cuestión”, este miércoles dichas prestaciones recibían un radical tijeretazo al conocerse que el SCS suspende la actividad de tarde en los hospitales de Canarias.

Esta medida, una vez más, se traducirá en un incremento intolerable en las listas de espera por mucho que estén dispuestos a manipularlas para que no sea demasiado evidente. O quizás el truco esté en que en la sanidad privada no vaya a darse dicha suspensión de la actividad vespertina con la consiguiente “nueva oportunidad de negocio” aprovechando los retrocesos continuos y al parecer sistemáticos en la “responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud”, como señala el artículo 45 de la Ley General de Sanidad y el mandato constitucional.

De nuevo tenemos que insistir en que por mucho que se redoblen las facilidades y la propaganda a favor de la denominada “colaboración pública-privada”, ésta, por imperativo de las citadas normas legales, deberá plantearse como excepción y necesitada de justificación concreta ante la falta de capacidad de los hospitales del SCS para prestar el servicio. Claro, si previamente se retira el servicio de los hospitales públicos, pues ya tenemos lo que va a ser la norma que confirmará la excepción.

Así mismo, el artículo 96 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias justifica dicha “colaboración”, “ante necesidades asistenciales y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten”. Por tanto lo que procede es suspender los conciertos con el sector privado y habilitar la actividad de tarde de los hospitales públicos.

¿Qué fue de la oferta de Pacto Social por la Sanidad por parte del Gobierno de CC-PSC-PSOE?. Existen alternativas a los recortes que pasan, a corto plazo, por tomar medidas que controlen el elevado gasto farmacéutico, favorezcan una adecuada utilización de recursos, disminuyan la utilización de recursos privados y optimicen el uso de los recursos propios y, a medio plazo, por políticas de prevención y de promoción de la salud. Por otro lado pueden restringirse los gastos superfluos del Gobierno de Canarias (que siguen siendo muchísimos).  

Parece evidente que la intencionalidad de la Consejería de Sanidad es la de potenciar el sector privado (de provisión y de seguros) deteriorando para ello, con la excusa de la crisis, a la Sanidad Pública. Entendemos que se trata de una actuación inaceptable que conculca los derechos de la población a la atención sanitaria y que lleva a un retroceso en los niveles de salud de la ciudadanía.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

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