Más de 5.000 trabajadores serán despedidos antes del mes de septiembre en Canarias

Más de 5.000 trabajadores serán despedidos antes del mes de septiembre en Canarias

SITCA va  a emprender acciones legales  contra 17 ayuntamientos entre ellos Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana,  Telde, etc.. 

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (SITCA) quiere denunciar públicamente el chantaje y coacción que están ejerciendo muchísimos ayuntamientos de Canarias contra empresas que tienen concesiones publicas fundamentalmente en limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, mantenimientos de parques y jardines, limpieza de colegios e instalaciones públicas, donde están forzando a esas empresas soterradamente a que tienen que despedir entre el 30 y el 40 por ciento de esas plantillas a pesar de tener concesiones y adjudicaciones en vigor y que en algunos casos fueron renovadas hace pocos meses.


El objetivo de estas presiones y coacciones fundamentalmente se hacen con  la excusa de la palabra crisis y recortes y se pretende despedir soterradamente  a más de 5.000 trabajadores de aquí a la terminación de septiembre y hacerlo  sin que haga ningún tipo de denuncia pública porque así lo exigen los ayuntamiento y lo trascribimos literalmente: “Despidan sin que se haga público y despidan  sin que se vea implicado el ayuntamiento de turno”.


Según explicó Antonio Rodríguez Suárez, secretario general de SITCA,  en rueda de prensa,: “Esta actitud que entendemos es injustificada, porque con las mismas personas que dicen que hay que despedir entre el 30 y 40 por ciento de esas plantillas son las mismas que le presentan a las empresas de recomendados para que al siguiente día entren  a trabajador en esas mismas empresas”.


Entendemos que es una maniobra para que las empresas tengan que asumir el coste de esos despidos y por tanto dejar a miles de padres y madres en la calle en el más absoluto desamparo y así el Ayuntamientos poder tener un nicho donde poder colocar a sus amistades, recomendados y a sus pega carteles,  ya que la ley ahora mismo impide que lo puedan hacer directamente o a través de alguna administración pública.