CIUCA-NC-PSOE y CC consideran que mecanismo empleado por el grupo de Gobierno adolece de seguridad jurídica que garantice la viabilidad del servicio y el pago, a largo plazo, de las nóminas a los trabajadores.

En la sesión plenaria celebrada de forma extraordinaria y urgente, el grupo de gobierno presidido por Francisco González, ha procedido a secuestrar el servicio de limpieza del municipio, para así evitar, según afirmo el regidor local: “que una huelga en la limpieza municipal empañara la visita que, el presidente nacional del PP Mariano Rajoy, tiene prevista hacer a Mogán”.

Para la oposición la medida adoptada por el Alcalde de Mogán, llega tarde, pues hace años que estos problemas afectan no sólo a la prestación del servicio, sino a las nóminas de los trabajadores del servicio de limpieza del municipio.

CINCO han sido los preavisos de huelga desde el pasado mes de Diciembre del año 2009 hasta éste último, de fecha 26 de Octubre de 2011, 16 días antes de las elecciones generales. Los motivos de dichos preavisos son los que a continuación se exponen:

• Negativa de la concesionaria a pagar los salarios en tiempo y forma.


• Incumplimiento del Convenio Colectivo.


• Incumplimiento de la concesionaria con los Derechos Fundamentales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.


• Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.


• Persecución sindical.

Toda esta situación la vienen soportando los trabajadores de la empresa concesionaria junto con sus familias desde el año 2009 a la actualidad, donde la proximidad de la Elecciones Generales ha hecho reaccionar de manera urgente al grupo de gobierno (PP) por la amenaza de una huelga indefinida y las consecuencias que se derivarían de ésta.

Al hilo conductor de lo manifestado, lo sorprendente es que, muy a pesar de los graves incumplimientos en que se ha incurrido por la concesionaria, y muy a pesar de conocer el grupo de gobierno la especial situación económica de la empresa desde el 2009, pues le constaban los embargos que pesaban sobre ésta (6.641.002,92 € contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros), el pasado día 18 de febrero de 2011, se prorrogó la concesión con dicha empresa, muy a pesar también de que estaba lejos de reunir los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica que debían tener para poder continuar con el servicio, tal y como ordena de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ante todo esto, la postura del grupo de gobierno, quien ha adoptado la misma de forma extraordinaria y urgente, en poco menos de siete días, ha sido la del secuestro del servicio, ello a medio de expedientes que no cuentan con los informes preceptivos de la intervención del Ayuntamiento que garantice, no sólo la especial situación de los trabajadores de la empresa, sino la seguridad jurídica y económica de las arcas municipales.

Cabría preguntarse lo siguiente:

a)      ¿Quién se va a hacer cargo del pago de los dos años de atrasos en la Seguridad Social, Hacienda y la Mutua de Accidentes de estos trabajadores?

b)      ¿En qué plazo se va a poner en marcha el concurso de nueva adjudicación del servicio, cuando llevan trabajando en el pliego de condiciones desde el pasado mes de Diciembre de 2010?

c)      ¿Quién se va a hacer cargo de las deudas que esta empresa tiene contraídas con los trabajadores en materia de salario?

d)      ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para salvaguardar los derechos de los trabajadores y los intereses del municipio como institución en el supuesto de que esta empresa, en este período de tiempo que le han secuestrado el servicio, presente suspensión de pagos ó desaparezca?

e)      ¿Qué va a pasar una vez finalizado los dos plazos establecidos para ambos secuestros, con fecha 9 de diciembre 2011 y 11 de enero de 2012?

La oposición se abstuvo respecto de este asunto, pues entendemos que, si bien es cierto que los trabajadores de dicha empresa deben percibir sus salarios en tiempo y forma, no es menos cierto que los expedientes en virtud de los cuales se garantizaba el pago de dichos salarios adolecía de los correspondientes informes preceptivos que, de alguna manera, blindaran a la administración municipal de la correspondiente seguridad económica y jurídica. Dicha situación de inseguridad jurídica, podrían poner en peligro el cobro de las nóminas por parte de los trabajadores municipales, y deja al ayuntamiento al descubierto y desprotegido, ante cualquier posible acción legal contra el acuerdo adoptado.

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