La Ley debería arbitrar un sistema para poder materializar nueva oferta turística, con independencia de su clasificación administrativa, sin que se mutilen las posibilidades de inversión y de crecimiento económico de Gran Canaria.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha considerado oportuno, ante el reiterado cruce de información y diversidad de opiniones procedentes especialmente de las distintas fuerzas políticas de Canarias, expresar su posición acerca de la limitación al otorgamiento de autorizaciones previas, establecidas por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, lo que comúnmente se ha llamado la MORATORIA TURÍSTICA.

La FEHT ha expresado con absoluta rotundidad su oposición al mantenimiento de la vigente moratoria, en los términos establecidos por la citada Ley. En tal sentido ha manifestado de forma reiterada que este instrumento resulta especialmente lesivo a los intereses turísticos de Gran Canaria, habida cuenta que la isla no ha desarrollado plenamente su modelo turístico, al contrario que sucede con otras islas de la Comunidad Autónoma. El pernicioso efecto, no solo en el sector sino en sectores vinculados al turismo, es manifiesto y resulta intolerable que se mutilen las posibilidades de inversión y de crecimiento económico de la isla. No se puede confundir lujo con calidad, ni más estrellas significan, por supuesto, mejor servicio o menor obsolescencia, como así  refleja la Ley de Renovación.

Podemos decir que ante la actual coyuntura económica y social en que se desenvuelve la economía canaria, la industria turística exige una legislación no intervencionista, que tienda a la reducción de las cargas económicas y trabas burocráticas para los empresarios, y para los inversores que apuesten por el sector. Aun cuando el fin primordial de la citada Ley sea la renovación de la planta de alojamiento turístico, ello ha de hacerse sin ahuyentar la inversión y sin margen a la inseguridad jurídica, todo lo contrario de lo que plasma esta Ley, que aboga por un modelo absolutamente agotado de moratoria de planta turística, con un régimen de excepciones sumamente confuso y poco viable a efectos prácticos.

En opinión de la FEHT “Consideramos, con base a lo expuesto, que la norma debe ser más permisiva en cuanto a la cualificación de los establecimientos. Para ello, la propia Ley debería arbitrar un sistema, en virtud del cual, se pueda materializar nueva oferta turística, con independencia de su clasificación administrativa, en tanto estos nuevos proyectos lleven incorporados aspectos de carácter objetivo que les confieran un claro incremento de calidad, entre otros, la mejora de las condiciones de ahorro energético, mediante la introducción de energías renovables; la introducción de plantas desalinizadoras, fotovoltaicas, instalaciones térmico-solares de calentamiento de agua, u otras instalaciones similares”.

Sin un cambio normativo que contemple la posición expresada, la moratoria corre peligro de perpetuarse, y con ello, la inaceptable pérdida de las posibilidades de que Gran Canaria desarrolle su modelo turístico, además de reforzar nuestra convicción de que los legisladores actuales han perdido definitivamente todo atisbo de objetividad e imparcialidad.

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