La paralización  dificulta la recualificación turística de Gran Canaria poniendo por delante sus intereses bastardos y no, como reclaman, los del sector turístico, el TC ha suspendido la prohibición de construir nuevos hoteles de 4 estrellas.

La ofensiva mediática que machaca una y otra vez contra “la moratoria”, contra “la maraña legislativa”, contra “el exceso de burocracia”, contra “la ingente protección ambiental”, contra “los técnicos que ponen pegas a todo”, y contra cualquier norma legal que les impida la conversión inmediata de nuestro territorio en promociones inmobiliarias, ha alcanzado un objetivo más. Las Cámaras de Comercio, la Asociación Canaria de Empresarios, los Círculos de Empresarios, los “think-tank” neoliberales, las sociedades económicas de amigos del país, la jerarquía del PP y los medios de comunicación que ellos controlan están brindando por su victoria. Su estrategia, que es ni más ni menos que desmantelar la regulación jurídica del suelo. ha conseguido que el Tribunal Constitucional haya suspendido el último fleco, el postrer vestigio de la tímida moratoria que la Ley de Renovación Turística mantenía. Poniendo por delante sus intereses bastardos y no, como reclaman, los del sector turístico, el TC ha suspendido la prohibición de construir nuevos hoteles de 4 estrellas (está por ver si de paso no han logrado suspender también los de 5), con lo cual se desmantela uno de los más potentes incentivos a la renovación turística que introdujo la Ley aprobada por el Parlamento de Canarias. Y con ello, Canarias, y sobre todo Gran Canaria, ha perdido (de momento) una oportunidad para reconducir la lamentable situación de la planta alojativa obsoleta, justo ahora que, a pesar de las interminables peleas entre los empresarios del sector, parecía que empezaba a dar sus frutos.

Sí, sobre todo Gran Canaria. El Partido Popular ha planteado esta batalla como una reivindicación de Gran Canaria frente a Tenerife que no quiere que nuestra isla se desarrolle, postura que algunos otros partidos ―que no tienen claro donde acaba su teórico nacionalismo y empieza su insularismo real― apoyan, ocultando que Gran Canaria es la isla que tiene actualmente la planta alojativa más antigua y de peor calidad del Archipiélago; que predominan los apartamentos obsoletos frente a los hoteles de categorías altas; que los establecimientos más antiguos han ocupado los mejores suelos. Todos los estudios sostienen que Gran Canaria es la isla más necesitada de renovación. Y que si en las demás islas la recualificación turística es conveniente, en Gran Canaria es imprescindible y urgente. Y no sólo en los establecimientos alojativos, sino también en los centros comerciales y de ocio, cuya situación es lastimosa. Por eso la política de restringir la construcción de nuevos hoteles que no trajeran causa de la renovación de uno anterior era una política correcta. Tímida, pero bien dirigida, pues ayudaba a impulsar la renovación, por recualificar la planta existente, no por construir nuevos hoteles y dejar los viejos apartamentos como están. 

IUC lamenta la suspensión de la Ley de Renovación Turística, denunciando que al dejarse sin efecto el incentivo de la renovación se ponen trabas a la recualificación turística de la planta alojativa y comercial de Canarias, y especialmente de Gran Canaria; y manifiesta que seguirá luchando por una ordenación territorial y turística sensata, en la que primen los intereses generales, y no ese revuelto de intereses empresariales, políticos y mediáticos que ponen en peligro nuestra economía y nuestra propia supervivencia. 

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