El PSC-PSOE critica el recorte de los recursos para discapacitados
El Grupo Socialista reclama al Cabildo de Gran Canaria más financiación para que las ONG’s que gestionan los centros para discapacitados en la isla puedan mantener los niveles de calidad
Isabel Guerra, consejera del PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, ha criticado la aprobación –en el último Pleno celebrado en esta corporación, el 28 de julio, con el voto a favor de PP y CC, y en contra de PSOE y NC- de un convenio de colaboración marco entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, los ayuntamientos de la isla y las ONG implicadas para la prestación de servicios a personas con discapacidad (PAD) durante este año. “Se ha dejado a su suerte a las ONG’s a las que se ha venido pasando financiación desde el Cabildo de Gran Canaria con normalidad”, asevera Guerra.
“Este convenio aporta mucha menos financiación y se le pide a las ONG’s el mismo servicio que han venido ofreciendo hasta la actualidad. Se les pide que asuman con menos dinero las residencias que tienen para personas con discapacidad. Eso implicaría a todas luces reducir la calidad del servicio y despido de personal profesional cualificado. Como consecuencia, esto redundará en perjuicio del usuario”.
Guerra afirma que el presupuesto aprobado dentro del convenio, tal y como afirma la intervención, “es una bajada estrepitosa de los dineros que se vienen dando a las ONG”. Además, Guerra alude al informe del interventor del Cabildo de Gran Canaria, que apunta que las ONG’s han manifestado que son “insuficientes” las cantidades, “con lo que se dificulta la puesta en funcionamiento del 100% de las plazas del convenio, plazas que hasta hoy en día estaban funcionando”.
El informe reza así: “el coste por sector y tipo de plaza es manifiestamente insuficiente en sectores como el de 3ª personas y salud mental, estimándose en 1.045.000 euros más la aportación del Cabildo de Gran Canaria, para financiar los gastos derivados de este Convenio”.
Guerra recordó que esta situación va a afectar a todas las personas entre 17 y 64 años, con problemas de salud mental y diversidades funcionales de toda índole.
La consejera añade que también a los Ayuntamientos se le merman las cantidades destinadas a la discapacidad: centros ocupacionales, centros de salud mental financiados desde las corporaciones locales, etc.
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