Le piden más consenso y flexibilidad al Gobierno en el trámite de la Ley de renovación y modernización, “que nace sin consenso”

El diputado autonómico del Partido Popular, Miguel Jorge, ha reclamado flexibilidad y diálogo al Gobierno de Canarias en la tramitación del Proyecto de Ley de renovación y modernización turística, “que entra al Parlamento regional con la negativa frontal de los Cabildos insulares, las patronales hoteleras y el principal grupo de la oposición”.

Jorge demandó consenso a Rivero de cara a generar un texto que pueda concitar la unanimidad de los grupos políticos, instituciones y actores implicados “con el fin de generar un diálogo constructivo sobre nuestro primer sector productivo”.

“Lamentamos que a través de esta norma, llamada a ser una de las más destacadas de la Legislatura, Paulino Rivero acapare la actividad turística de Canarias en sus manos, a pesar de que es competencia de los Cabildos insulares, cuyas aspiraciones no se ven recogidas, como quedó de manifiesto en la última reunión de la Comisión General de Cabildos”, declaró.

Jorge destacó que el proyecto instaura una moratoria permanente que solo permite hoteles de cinco estrellas gran lujo, cuestión a la que se opone el Grupo Parlamentario Popular, “pues entendemos que podría ser discriminatorio para algunas Islas y favorecer a otras, además de atentar contra la libertad de empresa; las circunstancias exigen eliminar un requisito como este, que viene a estrangular aun más nuestra situación económica”.

“De hecho, el Gobierno de Rivero pretende instituir determinados requisitos prescindibles como, por ejemplo, la exigencia de un Convenio con el Servicio Canario de Empleo para la dotación de personal a hoteles de cinco estrellas, que solo genera burocracia, retrasos y control, como se puso de manifiesto con la autorización de dos hoteles en el sur de Gran Canaria”, apostilló. 

Más trabas burocráticas

Para el diputado popular, “es imprescindible que Rivero abandone la foto fija que pretendía y se abra al diálogo para favorecer el empleo y el crecimiento en torno a la principal industria de las Islas para que la Ley recoja las inquietudes de los siete Cabildos y de todo el sector”.

“Además, la comunidad autónoma sumaría aún más burocracia con este proyecto” denunció Miguel Jorge, quien puso como ejemplo que el Gobierno asume los llamados planes de modernización, “instituidos al margen de la Ley del Territorio del año 2000, o un registro de camas turísticas que debería estar en manos de los Cabildos insulares”.

El parlamentario del PP demandó flexibilidad en el tratamiento de las villas turísticas, o que se reconsidere la prohibición de realizar urbanización y edificación al mismo tiempo. “El Ejecutivo regional exige que primero se urbanice la zona turística y luego se construya el hotel, lo cual es una pérdida de tiempo, y además dificulta la inversión y la creación de empleo”, concluyó.

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