El Pleno de Tunte apoya por unanimidad paralizar y retirar la Ley del Aborto
La moción presentada por el PSC-PSOE y defendida por la concejal Conchi Narváez, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido PP-AV.
El pleno de la Corporación municipal de San Bartolomé de Tirajana apoyó por unanimidad una moción en la que se pide al Gobierno de España la paralización y retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica por el que se pretende revisar la vigente legislación sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Esta moción presentada por el grupo del PSOE y que ahora se remitirá al Congreso de los Diputados recoge que la nueva ley supondrá un grave retroceso de más de 30 años, incumplirá compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y “situarán a España como una excepción en toda Europa”.
La moción denuncia que el anteproyecto aprobado por el Gobierno español suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, y que suprime también el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que desde los años 80 del pasado siglo justificaba la interrupción del embarazo.
La moción también se hace eco del “rechazo social” que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre ha generado en la ciudadanía española y europea, en organizaciones sociales, profesionales y feministas.
Factura eléctrica
Por otro lado, el pleno municipal de San Bartolomé de Tirajana también aprobó hoy por unanimidad una moción del grupo de Nueva Canarias por la que se solicitará al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo medidas orientadas a bajar o eximir de los impuestos en la factura eléctrica a las familias más vulnerables, e impedir el corte de luz a quienes carezcan de recursos y se encuentren en situación de exclusión social.
Esta moción, que ahora se remitirá a la Federación Canaria de Municipios para que tramite el acuerdo plenario, apunta que la prolongación y dureza de la crisis económica ha contribuido a la popularización del concepto de “pobreza energética”, surgido en el Reino Unido en los años noventa del pasado siglo para definir la incapacidad de las familias para cubrir las necesidades energéticas de sus hogares.
La moción recoge que en España las tarifas de los consumidores medios se ha incrementado más de un 75% en los últimos diez años, afectando a las empresas y especialmente a las pymes, “complicando su competitividad y poniendo en peligro su pervivencia”.
El incremento en el precio del recibo de la luz ha sido constante desde el comienzo de la crisis, según la moción, donde se dice también que “cuatro millones de personas sufren hoy la pobreza energética en España”, convertido en el país con la tercera tarifa eléctrica más cara de la Unión Europea por detrás de Chipre y Malta.
En la moción se apunta que el sistema eléctrico “es uno de los grandes y graves fracasos de los distintos gobiernos españoles de las últimas décadas, al incrementarse exponencialmente el coste para los consumidores y, paralelamente, aumentar el déficit tarifario que para el sector público pagado también por los ciudadanos”.
La moción señala que la solución del Gobierno de Canarias invitando a que los usuarios reduzcan la potencia contratada “no aborda el problema y ha sido cuestionada por los técnicos, la Federación Canaria de Municipios y el Ministerio de Industria”.
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