Da la razón a Nueva Canarias y obliga a redactar una nueva resolución para corregir el decreto de adjudicación del contrato de asesoramiento al despacho de abogados Jimenez Cisneros S.L.

El pasado 16 de febrero Nueva Canarias, hizo pública la actuación ilegal del Ayuntamiento de Mogán en relación a la adjudicación de un contrato de asesoramiento, que incumplía lo preceptuado en el art. 138.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dicha ilegalidad en el procedimiento de contratación, radicaba en el precio del mismo, y es que los contratos menores deben ser de cuantía inferior a 18.000 €. En este caso, el Ayuntamiento adjudicó el servicio por idéntico importe, lo que suponía una clara vulneración del precepto legal.

Desde Nueva Canarias se advirtió de la ilegalidad cometida por el consistorio sureño, sin embargo la alcaldesa, Onalia Bueno, afirmó que todo era legal, porque contaba hasta con el visto bueno del interventor Municipal.

El interventor municipal, a instancias de la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, emitió un informe al respecto, en el que no sólo le da la razón a Nueva Canrias, sino que además, pone de manifiesto que la alcaldesa de Mogán no se entera del procedimiento adminstrativo, pues según la ley de haciendas locales, no procede la fiscalización de los contratos menores, al contrario de lo que afirmó en prensa la regidora local.

En dicho informe el interventor, explica que la adjudicación incumplia la ley, tal y como afirmó Isabel Santiago, y que para solventar la situación, o se iniciaba un procedimiento de contratación, o éste debia adjudicarse por un importe inferior a los 18.000,00€.

Finaliza el informe del interventor, indicando que se ha dictado un nuevo decreto, el nº 460/2016 que corrige el error, y se adjudica por importe de 17.950,€.

Para Nueva Canarias, este modo de proceder por parte de la regidora local, pone de manifesito que Onalia Bueno y el cumplimiento de los procedimientos administrativos son incompatibles.

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