El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Francisco González
El Ministerio Público ve “arbitrariedad” al rechazar un pleno extraordinario solicitado por la oposición y pide así mismo la misma pena para el exsecretario del Ayuntamiento, Domingo Arias.
La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Mogán, Francisco González, y para el exsecretario del Ayuntamiento, Domingo Arias, por un presunto delito de prevaricación administrativa al rechazar la convocatoria de un Pleno extraordinario solicitado por la oposición en abril de 2013, para debatir sobre un brote de salmonela que se había producido en la guardería municipal y por la presunta agresión de dos policías a un ciudadano senegalés. Una petición a la que se suma la acusación particular, además de solicitar tres años más por actuar contra los derechos cívicos de los concejales.
Francisco González en su declaración ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró que en todo momento siguió la normativa municipal y que no convocó ese Pleno porque un informe del secretario del Ayuntamiento advertía de que la oposición no podía solicitar un encuentro con más de un asunto, una facultad que quedaba limitada al alcalde. González aseguró que "jamás" ha rechazado llevar nada a Pleno. "Si lo hice", dijo, "fue porque el secretario me dijo que no se podía celebrar".
Por su parte, el exsecretario señaló que él no tenía "ningún interés" en que el pleno no se celebrase. Además, insistió en que "cuando es el alcalde quien convoca, no tiene limitación de asuntos, pero sí la tiene la oposición". Sin embargo, la acusación particular, ejercida por la oposición, esgrimió que no era la primera vez que se solicitaba un pleno extraordinario y que los demás no se rechazaron. De hecho, en diciembre de 2011 se celebró otro en el que sí se trató más de un asunto, pero que tanto González como Arias intentan desmontar al argumentar que solo se abordó un tema con varios apartados.
La actual alcaldesa, Onalia Bueno que actuó como testigo, declaró que los asuntos a tratar en el pleno eran "muy polémicos", motivo por el que se mostró "muy sorprendida" ya que la situación era "inusual".
La normativa prevé que tras una petición de Pleno extraordinario, éste se convoque en el plazo de 4 días siguientes o, en caso de negativa, quede convocado automáticamente para el décimo día hábil a las 12:00 horas.
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