El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto de Asistencia Jurídica Gratuita

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto de Asistencia Jurídica Gratuita

La medida adoptada supondrá un ahorro anual de 1,3 millones de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias ha aprobado, una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, la modificación del decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma. La nueva modificación contempla una rebaja lineal del 7,5% de las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio y se encuentra directamente influenciada por la profundidad y persistencia de la crisis económica.


La reforma del Decreto 57/98 afecta a los módulos y bases de compensación económica de la subvención a abonar por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a los colegios de abogados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y La Palma y a los colegios de procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.


El contexto actual está dando lugar a un incremento de las personas beneficiarias del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, así como de los litigios relacionados con cuestiones económicas, lo que está teniendo impacto en el gasto público destinado a su cobertura.


La disminución del crédito presupuestario para el próximo año ha motivado un ajuste de los honorarios a la baja para así poder cumplir con el plan económico-financiero y poder sostener y garantizar este servicio. Esta medida adoptada supondrá un ahorro anual a las arcas de la Comunidad Autónoma de 1.345.379,43 euros.


Tras un proceso de reuniones informativas entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y los colectivos de abogados y procuradores se han fijado los criterios sobre las retribuciones que percibirán de la forma más adecuada y menos perturbadora posible para el funcionamiento de la Administración de Justicia.