La diputada de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento de Canarias, reclamó a la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, que se transfiera a los cabildos la gestión de  Dependencia ya que son estos  los que ejercen las competencias en políticas para mayores y discapacitados. 

Carmen Hernández  fue crítica con la consejera Rojas en la comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes y le recalcó que todos los informes apuntan a que Canarias está a la cola del Estado en todos los parámetros de aplicación de la ley y que “no parece lógico” reclamar más recursos al Gobierno central cuando el Archipiélago pierde dinero por el pésimo desarrollo de ley que se traduce en la inexcusable realidad de que hay 20.130 canarios dependientes esperando a recibir la prestación a la que tienen derecho.

Hernández reiteró que lo más apropiado es ceder a los cabildos las competencias en la gestión y fundamentó su argumento en el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia que asegura que las comunidades que han contado con las entidades locales, arrojan mejores resultados que las que, como Canarias, han optado por modelos centralizados. 

Renovar la Ley de Servicios Sociales

La diputada de Nueva Canarias también instó a la consejera a que actualice la Ley de Servicios Sociales vigente, ya que está obsoleta y en la fecha que se aprobó, 1987, el contexto socioeconómico era muy distinto al actual. 

En su opinión la nueva legislación debe tener un carácter menos asistencial y que reconozca la universalidad en el acceso a los servicios sociales y avance en lo que se ha llamado el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

En todo caso afirmó que, ante la actual coyuntura, es necesario mejorar y consolidar el sistema canario de servicios sociales para que de respuesta a las necesidades actuales.

Proteger a los menores

Para Nueva Canarias la familia es el ámbito esencial y vertebrador de la sociedad y por tanto hay que disponer de todos los recursos para protegerla y especialmente a los más vulnerables de ella, los menores. 

Respecto a los menores en desamparo, Carmen Hernández, apuntó que se debe acabar con la excesiva burocracia y garantizar la coordinación entre las administraciones (Gobierno, cabildos y ayuntamientos) para evitar que las instituciones sigan siendo “elefantes burocráticos deshumanizados” por el alargamiento injustificado de la resolución de expedientes que perjudican especialmente a los menores.

Asimismo reclamó el cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Atención Integral al Menor que establece que los medios de titularidad pública no deben emitir programación ni publicidad que atenten contra los derechos del menor. En este punto la diputada nacionalista fue muy crítica con la Televisión Canaria y afirmó que no se está en condiciones de “pedir a las escuelas que eduquen en valores si la televisión que pagamos todos” emite mensajes contrarios a esos valores.

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