Bravo de Laguna y los 21 alcaldes exigen al Gobierno que cumpla con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
Tanto en la forma como en las cuantías reflejadas en los estatutos de constitución de dicha entidad de ha recortado el 19% de la aportación.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y los 21 alcaldes de la isla acordaron unánimemente durante su reunión en Mogán, exigir al Gobierno de Canarias que cumpla con sus compromisos en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en la forma y cuantías reflejadas en los estatutos de constitución de dicha entidad.
Como se recordará, el Gobierno de Canarias viene manteniendo una postura errática a propósito de su financiación de los Consorcios de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El 28 de diciembre de 2012, el Ejecutivo Autonómico anunció su voluntad de separarse de estos entes consorciados, lo que confirmó a través de un escrito el 11 de junio de 2013. Finalmente, el pasado 17 de julio, anunció, tras una reunión entre el director general de Seguridad y Emergencias y los responsables del Consorcio de Gran Canaria, su intención de permanecer en la entidad, pero reduciendo su aportación en dos tercios, o, lo que es lo mismo, en un 66 por ciento, pasando de los 2,5 millones actuales a los 800.000 euros, amparándose en criterios arbitrarios de financiación como serían la población o la superficie atendida.
Puesto que en Gran Canaria el Consorcio no opera en Las Palmas de Gran Canaria ni en San Bartolomé de Tirajana, que cuentan con cuerpos y parques de bomberos propios, la isla se convertiría en la gran perjudicada por esas nuevas medidas, que, además, no afectarían a Tenerife o Lanzarote, donde la cobertura de los respectivos Consorcios alcanza al cien por cien del territorio insular y por tanto a toda la población de ambas islas.
Desde el Cabildo y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se viene reiterando que el Gobierno de Canarias parecía empeñado en ningunear a la isla y en quitarle los recursos que garantizan no ya su desarrollo, sino su seguridad. “Nos parece algo gravísimo el anuncio hecho por el Gobierno y vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para impedir que llegue a término”, manifestó en su día la consejera insular de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo, cuya postura, al igual que la del presidente, José Miguel Bravo de Laguna, se ha visto respaldada por el apoyo unánime manifestado ayer por los 21 alcaldes grancanarios. No en vano, si el Gobierno de Canarias no asumiese sus compromisos con el Consorcio, Cabildo y Ayuntamientos serían los grandes perjudicados, al tener que afrontar ellos los recortes del Gobierno canario.
En 2013, la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria destina 5,2 millones de euros al Consorcio de Emergencias. La Corporación Insular mantiene así intacta su aportación al citado ente, a diferencia del Gobierno de Canarias, que la recortó en un 19 por ciento.
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