El Ayuntamiento de Agüimes insta a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Canarias a que planteen una negociación para  consensuar un modelo de calidad y desarrollo turístico.

Esta solicitud se recoge en la moción presentada por el grupo Roque Aguayro en el pleno ordinario correspondiente al mes de junio, celebrado ayer, en la que también se solicita varias modificaciones de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobada en días pasados por el Parlamento de Canarias.

La moción contó con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto del Partido Socialista que se abstuvo.

La moción dice textualmente:

“Desde hace algo más de medio siglo el turismo es el eje del modelo económico de Gran Canaria. Es el sector que desde entonces ha posibilitado en gran medida el desarrollo económico y del empleo en esta isla y en el conjunto del Archipiélago.

El turismo constituye hoy la actividad más importante de la economía canaria. Supone el    29,5% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) y el 34,2% del total del empleo.
También, como toda actividad económica, entraña impactos territoriales y consumo de recursos (agua, energía...), la generación de residuos por parte de los millones de visitantes y el desarrollo de infraestructuras públicas (puertos, carreteras, etcétera) y servicios sanitarios y de seguridad, así como otras de carácter privado.

Por todo ello, su adecuada regulación, en unas islas con territorio escaso y recursos limitados y que quiera competir internacionalmente, resulta imprescindible para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

En este sentido, cualquier decisión política que afecte al sector turístico debe ser muy rigurosa y consensuada; y debe tener en cuenta los diferentes desarrollos y las peculiaridades que presenta cada uno de los territorios insulares.

Esto es del todo aplicable a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias que se debatida en el Parlamento de Canarias, una norma que se ha elaborado sin la preceptiva evaluación de los cambios en nuestro mercado turístico, sin conocer el impacto real de las medidas de renovación, las plazas de calidad incorporadas o la cuantificación real de las camas irregulares.

Además, se debió aprovechar la ocasión para proceder a una unificación de toda la legislación existente en materia turística. Al respecto, hay que recordar el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias en el que se evalúa negativamente la gran dispersión normativa existente, que ahora se ve incrementada por esta nueva normativa. Disponer de un texto único, que no incurra en contradicciones entre las distintas normas existentes, favorece la seguridad jurídica y el ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos y empresas.

Las grandes tareas del sector turístico para mejorar su competitividad, que ya marcaron las leyes de directrices, son la rehabilitación de la ciudad turística, la renovación de la planta alojativa, la diversificación de los servicios complementarios al alojamiento y la formación del personal y de los empresarios.

Así mismo, los aspectos referentes a la mejora de la conectividad aérea, a la segmentación de la oferta y su diversificación, la mejora de la comercialización directa de la oferta alojativa y la realización de una acertada y coordinada promoción comercial.

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias aborda con mayor o menor acierto muchos de los aspectos citados. Y comete profundos errores al no reconocer la diversidad de los modelos de desarrollo turístico de las Islas, procediendo a un modelo uniformador que va en detrimento de los territorios insulares, su diversidad y competencias. Algo evidente en el caso de Gran Canaria. De hecho, tanto las asociaciones que agrupan al sector turístico de la isla como el propio Cabildo Insular y los grupos parlamentarios han formulado alegaciones para tratar de mejorar el proyecto de Ley y que éste responda a los legítimos intereses de la sociedad grancanaria, teniendo en cuenta las necesidades de la isla, en la que tiene un gran peso la oferta extrahotelera, pero que precisa crecer razonablemente en la hotelera de más de cuatro estrellas, aunando calidad y respuesta a las demandas de los mercados turísticos.

El Cabildo trabaja desde hace más de dos décadas en ese objetivo de diseñar una oferta turística de calidad. Lo hizo mediante la aprobación a mitad de los años noventa del primer Plan Insular, que recoge un modelo turístico adaptado a la realidad insular. Este modelo, posteriormente actualizado en el vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC 2004) y en el recientemente aprobado Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC), intenta compatibilizar el crecimiento de una oferta de calidad, especializada y territorialmente diversificada, con la imprescindible renovación de la planta alojativa y de las infraestructuras turísticas, así como la limitación y control de la residencialización.

Toda esa estructuración y planificación adaptada a las directrices no puede ser obviada y convertida en papel mojado por el Gobierno de Canarias. Consideramos que la Ley se equivoca al ofrecer iguales respuestas a situaciones diferentes, un intento homogenizador que perjudicaría gravemente a Gran Canaria.

Aunque reconocemos que los incentivos edificatorios y de plazas a la renovación suponen una mejora, entendemos que son insuficientes, haciéndola muy compleja en la práctica, tal y como ha sucedido en los últimos años.

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